El informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA explica porque se trata de “una reforma laboral inconstitucional, antidemocrática y clasista”.
El dictado del DNU 70/2023 puso en cuestión una parte importantísima de la legislación vigente hasta la actualidad en nuestro país. Sus implicancias institucionales trascienden cada uno de los temas que aborda y el cuestionamiento se llevará adelante tanto en el plano legislativo, judicial y político.
El objetivo de este informe es puntualizar el alcance de las reformas en materia laboral, que alcanzan al plano de las relaciones individuales (LCT), colectivas (leyes 14.250 y 23.551) y la regulación de los conflictos colectivos de trabajo (derecho de huelga). En todos los casos se trata de modificaciones en perjuicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que tienen una extensión y profundidad inéditas en la historia reciente de nuestro país. Para encontrar un cambio de mayor magnitud es necesario remontarse a 1976.
Por otra parte, resulta necesario plantear dos cuestiones que afectan de manera integral al capítulo laboral del decreto. Por un lado, los argumentos utilizados para justificar la existencia de una emergencia que justifica saltearse los procedimientos previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes no son aplicables en este caso.
Si bien es cierto que el mercado de fuerza de trabajo hace mucho tiempo que está lejos de garantizar puestos de trabajo con derechos para todos los trabajadores y trabajadoras, el crecimiento del empleo asalariado formal en el sector privado en los últimos tres años fue el más importante en los últimos 15 años y se venía ubicando por encima del 3% interanual. En todo caso, el problema del empleo en los últimos años estuvo más ligado a los ingresos y no tanto a la ocupación. Por el otro, la reforma posee un carácter técnico muy endeble y deja muchas lagunas o situaciones interpretativas que darán lugar a un incremento de la litigiosidad laboral.
La reforma que impulsa el DNU tiene objetivos múltiples. A grandes rasgos podemos dividirlos en tres grupos: disminución de los costos laborales como consecuencia de recortes en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, imposición de obstáculos para la acción colectiva, y debilitamiento institucional de las organizaciones sindicales.