Compartimos el análisis de Luis Campos, y el Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF-CTA), coordinado por Daniel Godoy, sobre la caída de la actividad y la pérdida de puestos de trabajo como consecuencias de la política oficial.
La profundización de la recesión económica y el aumento del desempleo son componentes centrales de la estrategia económica del gobierno nacional. La caída de la actividad y la pérdida de puestos de trabajo son consecuencias deseadas de la política oficial. Desde su perspectiva ellas son necesarias para contener la inflación y para debilitar la capacidad de acción colectiva de los trabajadores y las organizaciones sindicales.
El contenido de las políticas implementadas a partir del 10 de diciembre debe ser leído a partir de este doble objetivo: reducir rápidamente la indexación de los precios en la economía local y debilitar la reacción de los sectores populares. Su grado de éxito todavía está por verse. La inflación sigue en niveles extremadamente altos, con un 90% acumulado en tan solo cuatro meses, y la reacción popular ha dado muestras de vitalidad con el impulso de dos paros generales el 24 de enero y el 9 de mayo, y la realización de grandes movilizaciones y reclamos sectoriales. Todo ello a pesar de que en los primeros tres meses de gobierno de la nueva gestión la actividad cayó un 3,7%, acumulando una variación interanual negativa del 5,5% en febrero de 2024.