La Federación Judicial Argentina denunció al Gobierno ante la CIDH por el incumplimiento de la negociación colectiva

La presentación judicial fue anunciada en el marco del 55° Congreso Ordinario de la entidad realizado el pasado jueves 18 de abril.

La FJA presentó una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino, con principal foco en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), por el incumplimiento del derecho constitucional a la negociación colectiva y la falta de convocatoria a una paritaria nacional que ponga un pie de igualdad los derechos de lxs trabajadorxs judiciales en todo el país. Es que el sector no tiene negociación colectiva como sí gozan, por ejemplo, la docencia o legislaturas, o el resto de las actividades formales del mundo del trabajo. Además de presentaciones de proyectos de Ley en el Congreso, la FJA acudió a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde en el año 2011 tuvieron un dictamen favorable que le recomendó al Estado argentino que reconociera el derecho de los judiciales a la negociación colectiva.

La demanda fue realizada el martes, pero el jueves 18 de abril por la tarde, en el marco del LV Congreso General Ordinario de la entidad federativa en el cual se renovaron sus autoridades, se la presentó públicamente en la sede de la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (AEJBA) con la presencia de Hugo “Cachorro” Godoy, secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, y de su par, Hugo Yasky, de la CTA de lxs Trabajadorxs.

Matías Fachal, reelecto secretario General de la FJA explicó al iniciar el acto: “nuestro planteo va más allá de la negociación colectiva en las provincias, que es importante, pero también queremos una paritaria nacional, donde podamos discutir pisos mínimos de derechos, con un escalafón único, mecanismos de concurso entre jurisdicciones, todo para que el ingreso sea democrático y no a dedo por los jueces o funcionarios”.

Por su parte, “Cachorro” Godoy explicó que desde las centrales obreras se comprometieron con esta lucha porque “hay una expresión cabal de restricción de la democracia, porque desde la recuperación de la democracia se les niega a los trabajadores judiciales el derecho de discutir con las patronales sus condiciones laborales”.