Pronunciamiento de la CTA: ante la entrega y el saqueo; soberanía, producción y justicia social

El proyecto de Ley Bases del Presidente Milei, si bien pareciera una novedad, representa más bien una forma actualizada del antiguo colonialismo y profundiza los mecanismos de dependencia.

Este proyecto político, basado en la ideología que anima a su gestión, la vemos traducida en políticas que pulverizan los ingresos populares, como así también la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores, destruyen al aparato productivo, generan desempleo, eliminan conquistas que a través del tiempo fueron dotando de mayor justicia a la relación capital-trabajo, entregan el patrimonio y los recursos naturales. El objetivo de esta gestión libertaria es profundizar las políticas económicas, sociales y culturales aplicadas en la última dictadura cívico-militar, en la década del 90 y en la gestión neoliberal del Gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos), con la finalidad de desarticular toda posibilidad de que el pueblo argentino ejerza sobre su destino ningún tipo de decisión soberana.

Contra todo interés nacional y soberano, la llamada Ley Bases, constituye una herramienta jurídica para la realización de un proyecto absolutamente dependiente de los intereses trasnacionales financieros. Dicho instrumento, en la medida en que autoriza al Presidente a sancionar leyes por sí solo, representa una evidente violación de la Constitución Nacional y del principio republicano de la división de poderes.

La Ley Bases le permite al Gobierno de la Libertad Avanza decidir unilateralmente y sin debate parlamentario alguno el desguace del estado, la privatización de empresas nacionales y llevar adelante una reforma laboral que desarticula todo el sistema de derechos conquistados durante más de 70 años de luchas del movimiento de trabajadores. Reforma que no solo alienta la flexibilización laboral, sino que incorpora como causal de despido la protesta en el lugar de trabajo.

Adicionalmente, con la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), se pretende entregar a capitales extranjeros y multinacionales sin ningún tipo de control por parte del Estado y afectando el federalismo, al quitarle poder de recaudación y control a las provincias, la explotación de nuestros bienes comunes y naturales estratégicos, básicamente relacionadas con la energía y los alimentos, profundizando un proceso de extranjerización y de desindustrialización. Todo esto a partir de un sistema de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios que, sumados a la desregulación absoluta de las actividades comprendidas en el mismo, posibilitan el ingreso de capitales sin ningún tipo de garantías para que los mismos se radiquen en procesos de desarrollo industrial, agregado de valor y trabajo argentino; con el agravante que esta ausencia de controles y la abundancia de incentivos, convierte al país en un paraíso fiscal para capitales de origen dudoso.

El RIGI representa ni más ni menos que la disolución del proyecto de una nación unificada y federal, a través de la explotación de los recursos de cada provincia por separado, la absoluta primarización de nuestra economía y la destrucción del protagonismo industrial o semi industrial de un tejido de empresarios nacionales que garanticen la presencia de nuestras comunidades en el territorio nacional.

Asimismo en esta ley, la supuesta reforma previsional que se propone, al anular el acceso por moratoria, en el marco de informalidad laboral actual y que se profundizaría con este proyecto, reducirá la cobertura previsional, disminuirá el haber mínimo de quienes no completen los años de aportes exigidos, aumentando la edad jubilatoria para las mujeres, quienes por otra parte son las mayores perjudicadas por la informalidad.

Este camino, nos lleva a la licuación, aún más de los salarios y jubilaciones, como ya se ha sufrido por parte de las y los trabajadores en pocos meses del gobierno de Javier Milei, se profundizarán el mega-ajuste y la recesión planificada que lleva al debilitamiento de las industria nacional y de las pymes y, en muchos casos, a la quiebra, y por lo tanto al crecimiento de la desocupación.

El proyecto de paquete impositivo propuesto, motivado por la urgencia de recursos económicos que exhibe el programa libertario, y que a fin de recibir un adelanto en la liquidación de Bienes Personales, termina en la práctica licuando un impuesto que grava los patrimonios de carácter progresivo. Se invierte, mediante el impuesto a los ingresos personales, la presión sobre trabajadores y la clase media. Por otra parte, propone un blanqueo más que benigno para quienes fugaron enormes capitales, con tal laxitud en sus requerimientos que serán una incitación a fondos de dudosa legitimidad, facilitando el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.

El DNU 70/23 –también de tinte claramente inconstitucional y violatorio de la división de poderes- es otra de las herramientas que posibilita la realización de un proyecto claramente contrario al interés general y a las posibilidades de desarrollo nacional. El proyecto de ley debe ser rechazado y el DNU anulado.

Ante el intento violento de avance de un proyecto de entrega y saqueo, que busca afianzarse a través de mecanismos antidemocráticos y la disolución de la división de poderes, se vuelve imprescindible y urgente oponer un proyecto emancipatorio y federal, basado en la soberanía, la producción y la justicia social.